Beneficios en Pueblo Viejo

PVDC tiene un compromiso a largo plazo con el país y con el desarrollo de las comunidades cercanas.
La inversión total de US$ 3 mil millones, es la mayor inversión extranjera en la historia de República Dominicana y está entre las más grandes que ha realizado nuestra compañía fuera de Norteamérica. A fines de 2009 ya se han invertido más de US$1,200 millones.
De este monto, USD$ 340 millones se han destinado a contratistas y proveedores nacionales mediante contratos y compras.
Ya se han creado más de 3,550 puestos de trabajo, los que llegarán a cerca de 4,000 durante la etapa de construcción. Más del 90% de éstos son ocupados por trabajadores dominicanos, la mayoría provenientes de los municipios de Cotuí, Maimón y otras comunidades cercanas al proyecto.
Se estima que por cada empleo directo, se crearán tres puestos indirectos en la industria de la construcción, lo que implica que la construcción de la mina generará en 2010 alrededor de 12,000 empleos indirectos.
Cuando PVDC inicie su producción, se estima que el valor de las exportaciones nacionales aumente cerca de un 20%, lo que contribuiría a incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) entre 1% y 2%.
El contrato contempla la entrega del 5% de todos los beneficios que recibirá el Estado (regalías, impuesto a la renta y participación en las utilidades netas) a los municipios cercanos a la mina, lo que contribuirá al desarrollo económico y social de las comunidades locales.
PVDC y Barrick Gold Dominicana apoyaron con asesoría técnica y financiamiento el desarrollo de los Planes de Desarrollo Municipales de Cotuí, Maimón y Fantino. Estos se elaboraron con la participación de las autoridades municipales, comunidades, empresas de la zona, ONGs y miembros de la Sociedad Civil.
Estos planes fueron aprobados a través de los primeros plebiscitos municipales en la historia del país, que fueron supervisados por la Junta Central Electoral y por observadores nacionales e internacionales. Más del 90% de la población votante aprobó dichos planes, que permitirán utilizar eficazmente el 5% de los ingresos totales que recibirán los municipios en el área de la mina.
En los últimos dos años, y sin haber iniciado la producción, PVDC ya ha invertido más de un cuarto de millón de dólares en iniciativas de desarrollo comunitario. Entre éstas destacamos:
Programa de entrenamiento para maestros implementado en la Escuela Salustiana Hernández José, avalado por universidades de prestigio mundial.
Programas para disminuir la tasa de pobreza de la mujer rural mediante el fomento de microempresas en beneficio de los Clubes de Madres de Hatillo y Centro de Formación de Mujeres.
Programas de cooperación técnica con productores locales, para el mejoramiento de la productividad agrícola.
Apoyo a la Agenda de Desarrollo Comunitario elaborada por los propios actores sociales. En convenio con los ministerios de Salud Pública y de Trabajo, 300 jóvenes que se encontraban sin empleo se capacitaron en temas de prevención del dengue y de la gripe A1NH1.
Programa para reforzar la gestión municipal apoyando la instalación de sistemas computarizados de gestión financiera que permitirá un eficaz y más transparente gasto municipal, rendición de cuentas y una mejor fiscalización ciudadana.
Para el traslado de los equipos que se utilizarán en la mina, se está invirtiendo en mejoras y adecuación de las vías, relleno de calles, nivelación y la instalación de nuevos postes para proteger el tendido eléctrico, de telefonía y de TV.
Al tratarse de un Contrato de Arrendamiento entre PVDC y el Estado Dominicano, el Estado tiene la responsabilidad exclusiva de planificar y ejecutar los programas de reubicación y compensación económica de los propietarios y de los residentes del Área de Desarrollo de la mina.
El programa de reubicación fue un proceso de dos años y estuvo bajo la dirección de representantes del Estado siguiendo las pautas del Banco Mundial. 640 antiguos residentes de la comunidad de Los Cacaos y 330 familias con propiedades en las comunidades de El Llagal y Fátima fueron compensadas por el Estado, con el apoyo de un equipo especializado siguiendo las más estrictas normas internacionales.
El Estado también compensó a quienes realizan labores agrícolas en la región y, para aquellos que residían dentro del área afectada, el Estado está otorgando nuevas viviendas, con diseños elegidos por cada una de las familias. Se estima que los nuevos dueños estén viviendo en sus casas antes de mediados de año.
Para definir las compensaciones económicas, los reubicados y el Estado contaron con un equipo especializado de 3 tasadores oficiales (uno seleccionado por la comunidad, uno por el Estado y uno por la Empresa), quienes definieron los valores a precios del mercado para las respectivas propiedades. El informe elaborado por dicha comisión fue aprobado y firmado por los representantes de las comunidades.